A seis meses del incendio en Cimari de Ramos Arizpe, la comunidad continúa en busca de respuestas y medidas concretas para abordar las secuelas de este desastroso evento.
A medio año de la impactante tragedia que sacudió las instalaciones del Centro Integral para el Manejo y Almacenamiento de Residuos Industriales de San Andrés (Cimari), operado por Tecnología Ambiental Especializada, la comunidad local se sume en la incertidumbre y la consternación, mientras las autoridades parecen permanecer en silencio, dejando interrogantes sin respuesta.
Los habitantes de los ejidos cercanos al sitio de residuos tóxicos continúan preocupados por las consecuencias de la extensa nube tóxica y los vertidos de líquidos contaminados que afectaron la zona, mientras que para las autoridades parece que este incidente simplemente no ha ocurrido.
Incluso en los días subsiguientes al incendio de residuos tóxicos, las autoridades federales optaron por el silencio, rehusándose a conceder entrevistas al medio de comunicación Capital Coahuila.
Por su parte, las autoridades estatales y municipales expresaron sus condolencias pero señalaron que corresponde a la Federación la tarea de supervisar y sancionar a empresas de este tipo.
Los incendios en el Cimari no son una novedad, ya que las instalaciones en Ramos Arizpe han sido escenario de cinco grandes siniestros que han consumido cientos de toneladas de residuos, dejando a su paso una preocupante contaminación en la atmósfera, el suelo y planteando serias dudas sobre la seguridad de los mantos freáticos.
Desde el incendio del 27 de marzo de este año, Organizaciones en pro del medio ambiente han insistido en que las autoridades federales retiren las autorizaciones otorgadas a Tecnología Ambiental Especializada.
«En 2015 ocurrió otro incendio, en 2017 otro, en 2018 otro, y ayer, el quinto incendio. Cualquier empresa podría tener un accidente, uno, pero ¿cinco? Con cinco incidentes, César Rueda, el gerente y director del vertedero, demuestra una completa negligencia respecto a las condiciones que deben cumplirse«, expresó uno de los ambientalistas.
Sin embargo, las autoridades continúan sin proporcionar respuestas a la comunidad sobre los posibles daños a la atmósfera, el suelo, la vegetación, el ganado, el agua y, en última instancia, su propia salud. La esperanza es que no transcurran otros seis meses, ni mucho menos seis años, sin obtener las respuestas necesarias.